Luego de que el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, rechazara la homologación de una propuesta de pago de la empresa y abriera la puerta a un proceso de cramdown, el Banco Nación (BNA), acreedor en unos US$300 millones, dijo que la nueva etapa representa la “posibilidad” de “sostener la unidad productiva evitando el desgüase y fundamentalmente la protección”. Fuentes consultadas indicarorn que esa era la postura de la entidad pero no dieron más precisiones sobre si habrá una participación en el proceso. Admitieron, sí, que se hará una evaluación con todas las partes involucradas tras la medida judicial.

Como informó LA NACION, el magistrado, pese a que la compañía había obtenido las cápitas y el capital necesario para salir del concurso, rechazó la propuesta de Vicentin. La cerealera ofrecía pagar a 12 años un monto cercano a los US$520 millones, lo que significaba algo más del 30% de la acreencia. Esto en el marco de un esquema de fideicomiso y para abrir luego la participación de tres interesados: Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

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El Banco Nación se pronunció en contra de las soluciones ofrecidas por Vicentin. Ahora, tras conocerse que comienza a correr el tiempo para un cramdown, que le permite a cualquier acreedor o externo hacer una propuesta para quedarse con la compañía, el BNA que, preside Silvina Batakis, indicó: “Como consecuencia del fallo del día de la fecha , en el que el juez del concurso de Vicentin rechazó la propuesta de los accionistas y ordenó la reapertura del período de concurrencia, también conocido como “cramdown” o “salvataje”, el Banco Nación, en su condición de acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan con los objetivos respecto de que la empresa continúe siendo una gran referente en el mercado local, para defender las fuentes de trabajo y la producción”.

Para el BNA, el juez reconoció “la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada que implicaba la propuesta en cuestión”. Agregó que su fallo muestra la necesidad de “mayor control y presencia tuitiva del Estado en aquellas empresas o sectores que se consideren estratégicos”.

Luego remarcó: “Ahora, con la apertura de esta nueva etapa procesal, resurge la posibilidad del Estado Nacional de lograr su objetivo en defensa de las y los argentinos, es decir, sostener la unidad productiva evitando el desguace y fundamentalmente la protección”.

En junio de 2020, el presidente Alberto Fernández quiso expropiar Vicentin pero tuvo que retroceder en medio de banderazos en distintas partes del país. Ordenó una intervención que duró un par de días y se retiró.

En noviembre de 2021, un grupo de acreedores dijo que estaba dispuesto a participar de un cramdown si el magistrado avanzaba en esa dirección.

El mismo presidente Fernández incluso abonó esa posibilidad luego de que la Corte Suprema de Santa Fe le sacara por unos meses el expediente, antes de devolverlo, al magistrado Lorenzini. “En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de “expropiemos empresas de cualquier modo” porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”. Y añadió: “El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”, apuntó en junio de 2022 Fernández.

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Tras esa declaración presidencial, en su momento, cuando el presidente del BNA era Eduardo Hecker, el entonces ejecutivo del banco indicó: “Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”.