La investigación por la defraudación con dinero de planes sociales en Neuquén llevó a la fiscalía de Delitos Económicos a ordenar un allanamiento a dos oficinas gubernamentales. La causa tiene, por el momento, seis personas identificadas que realizaban varias extracciones a la vez en cajeros automáticos. Sólo entre febrero y julio de este año, el robo rondaría los 57 millones de pesos, unos 10 millones por mes. El monto total, según el Banco Provincia, desde 2020 a la fecha, es de 123 millones de pesos.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli buscó en la tarde del jueves 18 de agosto, en las oficinas de la dirección de Planes Sociales y en el Ministerio de Desarrollo Social, la punta del ovillo que le ayude a desentrañar la modalidad delictiva.

Policías de Delitos Económicos comenzaron cerca de las dos de la tarde los procedimientos simultáneos. Sólo trascendió que secuestraron documentación y soportes digitales. Con especial atención, requirieron el listado de beneficiarios de planes sociales.

Vignaroli ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que la investigación se inició cuando un legítimo beneficiario de un plan social descubrió en un cajero automático que no tenía saldo en su cuenta. Hizo el reclamo en el BPN y el banco dispuso una investigación interna y posteriormente una denuncia penal.

Se había detectado que unas pocas personas –por el momento serían seis- entraban a los cajeros automáticos con varias tarjetas de planes sociales, extraían el monto permitido de $20 mil, y se retiraban con el dinero. En otras oportunidades, lograban extraer 30 o 35 mil pesos.

Esa forma de extracción el BPN la denomina “ráfaga”, según reveló Vignaroli.

Si bien aún no hay una confirmación oficial, el fiscal jefe dijo que la manipulación de esas tarjetas estaría en manos de “punteros políticos”, hombres y mujeres.

También admitió que aún no está claro cuál ha sido la maniobra ejecutada.

Vignaroli señaló que “no se investiga” si hay complicidad de personal del BPN en cuanto a la duplicación –o clonación- de tarjetas. “El banco entrega personalmente la tarjeta a su beneficiario, quien debe firmar la recepción del plástico”, explicó.

La causa está caratulada, provisoriamente, como estafa pero podría mutar a la de asociación ilícita.

“Tenemos a 194 personas para entrevistar, y este viernes 19 de agosto comenzaremos”, dijo el fiscal. Pero sólo seis fueron identificadas por las cámaras de los cajeros automáticos realizando las extracciones “ráfaga”.