Mucho se habla por estas horas de la transición entre el gobierno saliente y el electo. Y es natural que ello ocurra. Hay demasiados problemas y muy críticos, empezando por el económico y social.

Sin embargo, cuando el traspaso presidencial finalmente se produzca, ese día asumirán también nuevos diputados y senadores nacionales. No se trata solamente entonces del clave recambio del inquilino de la quinta de Olivos, sino del comienzo de un nuevo Congreso donde han quedado sin tratar temas institucionales importantísimos como las leyes de boleta única de papel y de ficha limpia.

“Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción son pilares de la democracia y deben formar parte de las prioridades”, sostuvo con acierto en una reciente nota publicada en LA NACION la expresidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira Rubio, quien citó entre otras cuestiones que deben ser encaradas con urgencia la investigación del enorme gasto que Unión por la Patria destinó a la campaña presidencial de Sergio Massa, a todas luces financiada con dineros públicos, es decir, de todos los ciudadanos. Y aclaró que no basta con controlar a los partidos políticos. Hay que sumar en esa investigación a los propios candidatos y a las fundaciones y asociaciones que les son afines, porque la opacidad y el secretismo constituyen la antesala de la corrupción.

Como muchos de sus colegas que batallan para que el país adopte herramientas transparentes de control y rendición de cuentas, Ferreira Rubio critica con dureza el desmantelamiento y la captura de los mecanismos de control, y la impunidad para quienes cometen delitos. “Ya no hay más espacio ni excusa para los privilegios, las excepciones y los abusos de poder”, sostiene la jurista.

En ese sentido, la sanción de una ley de boleta única de papel resulta prioritaria. El año pasado, Diputados aprobó el correspondiente proyecto, pero el Senado, comandado por Cristina Kirchner, frenó el debate y llegamos a los actuales comicios con las tan opacas como denostadas listas sábana.

La boleta única se utiliza actualmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, en varios municipios, en las cárceles y en el exterior. La usan, además, muchos países y con excelentes resultados. Quienes se rehúsan a adoptarla son los que se resisten a transparentar los procesos, aquellos que siempre han sacado partido de la manipulación electoral, mediante el robo de boletas o la confección de papeletas truchas, entre otras deleznables artimañas.

Desde 2007, la Cámara Nacional Electoral viene advirtiendo sobre la necesidad de incorporarla para “asegurar que el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida”. Con esta boleta, además, se asegura una competencia mucho más justa entre partidos grandes y chicos, y el elector cuenta con todas las opciones en un mismo lugar. No solo garantiza el fundamental derecho de elegir, sino que resulta mucho más económica, sustentable, amigable con el ambiente y facilita notablemente la fiscalización.

Lamentablemente, tampoco ha podido ver la luz la ley de ficha limpia, que prohíbe ser candidato a quien tenga una condena confirmada. Parte de la oposición parlamentaria había conseguido avanzar en el debate en 2022, pero dejó caer el tema basada en una presunción falsa: creer que la ley le iba a dar oportunidad a Cristina Kirchner para denunciar una supuesta proscripción. Finalmente, en mayo de este año, la vicepresidenta declinó candidatearse y el país en su conjunto perdió otra oportunidad histórica.

Aún se adeuda la ya impostergable ley nacional de ficha limpia. Afortunadamente, son varios los distritos que ya legislaron en la materia; entre ellos, Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe, y varios municipios como los de San Isidro, Olavarría, Pergamino y Mar del Plata, entre otros.

Así como suele decirse que el Congreso no debería ser nunca un aguantadero de condenados amparados en sus fueros, las boletas de candidatos tampoco deberían ser una bolsa donde esconder a delincuentes.

Hay mucho por hacer en temas tan delicados. Urge también revisar las normas que hoy impiden la investigación local y la colaboración internacional en casos de corrupción. Es hora de dejar de declamar transparencia para pasar a los hechos. El año próximo no habrá elecciones. Debería ser aprovechado para sancionar sin más demoras las leyes que hacen falta, concientizar sobre la importancia de exigir que funcionen las instituciones y sacar de las manos del Poder Ejecutivo el control de los comicios. Ser juez y parte es también una gran parte del problema.