Las afirmaciones del presidente electo, Javier Milei, en cuanto a que aspira a que el Congreso Nacional derogue la actual ley de alquileres, reestablezca las normas del Código Civil y Comercial y asegure la libertad monetaria, han causado alarma entre quienes supuestamente explotan a los inquilinos convirtiéndolos en víctimas de un régimen que declaran injusto.

Según el Indec, hay 7.925.280 personas que alquilan y 31.412.314 que viven en viviendas de su propiedad. El sueño de la casa propia ha sido una aspiración sostenida a lo largo del tiempo, que se tornó prácticamente imposible sin créditos hipotecarios a largo plazo ni a tasas razonables como las que rigen en muchas partes del mundo.

Difícil saber cuál será la norma que definitivamente se sancione o si simplemente remitirá a las del Código Civil y Comercial, pero hay algo que sí se sabe y es que la ley anterior a la vigente y la propia ley actualmente en vigor no han contribuido en lo más mínimo a paliar el problema habitacional, más bien lo han complicado. En opinión del mandatario electo, “lo único que ha hecho la ley de alquileres es generar daño, perjudicando a aquellos que pretendía proteger”.

Uno de los aspectos por tener muy en cuenta es que el de locación es un contrato bilateral firmado por dos partes con el acuerdo de ambas formalizado en un contrato que las rige.

Si el Estado interviene demagógicamente para beneficiar al inquilino en busca de su voto, naturalmente la balanza se desequilibra y el propietario se perjudica. Como ha quedado reiteradamente demostrado, la consecuencia es obvia: se retiran propiedades del mercado de alquileres, con la consiguiente suba de precios, se frena la construcción de viviendas para locación y vuelve a achicarse el mercado dejando finalmente al propietario sin otra opción que intentar vender su propiedad.

O el país respeta el derecho de propiedad que garantiza la Constitución nacional o la sigue violando de forma recurrente fijando precios demagógicos, impidiendo ajustes razonables y alargando unilateralmente plazos contractuales mínimos obligatorios, más allá de lo razonable.