Ocho de cada diez jubilaciones otorgadas este año por la Anses fueron para personas que no reunieron los 30 años de aportes que exige la ley previsional. Según datos del organismo publicados en el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, de los 328.735 beneficios jubilatorios dados de alta hasta septiembre, 258.497 tuvieron planes de moratoria, en tanto que solo 70.238, es decir, el 21% del total, fue para quienes sí lograron cumplir con la condición referida a la cantidad de contribuciones.

Los datos son un reflejo de la crisis social y de los elevados niveles de fragilidad y precariedad del mercado laboral de la Argentina. Y son también una señal de alerta, que está encendida ya hace años, respecto de los riesgos para la sostenibilidad de los pagos del sistema. Desde ya, no es un dato menor que el gasto en jubilaciones y pensiones sufre un ajuste a la baja este año, cuando se miran los datos a valores constantes. Es decir, al corregir los números por inflación, se observa que el Gobierno gasta menos, aun cuando la cantidad de beneficios es mayor, en buena medida por la puesta en marcha del “plan de pago de deuda previsional” aprobado por ley meses atrás.

De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el monto asignado por el Estado a las prestaciones fue, en los primeros nueve meses del año, un 4,3% más bajo que el de igual período de 2022. La contracara es que, como las recomposiciones por movilidad van quedando muy por debajo de la inflación, los jubilados perdieron, solo en ese período, hasta 19% de su capacidad de compra (el resultado observado en cuanto cómo les fue a los ingresos es dispar, debido a que hay bonos pero solo para algunos grupos, a pesar de que los daños de la inflación son para todos).

Las jubilaciones con moratoria son la mayor parte de las otorgadas cada año al menos desde 2010. En 2015, año electoral, llegaron a tener una participación de 87% entre las altas, por efecto de modificaciones en las normativas que permitieron un mayor acceso.

Del total de las jubilaciones hoy en curso de pago, el 66,2% tuvo moratoria. Se trata, según datos a septiembre, de 3.588.898 prestaciones. En el caso de las pensiones, la incidencia es menor, de 30%. Y, si se suman las jubilaciones y pensiones (7.056.507 en total), 58% tuvo moratoria.

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Desde hace casi dos décadas rigen diferentes programas para jubilarse por la excepción a la regla, ingresando a planes de pago de una deuda que se declara tener con el Estado. En 2016 fue aprobada una ley que pretendió ir hacia el fin de las moratorias, y que creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede sin aportes o con pocos aportes, con 65 años de edad, y que consiste en una prestación equivalente al 80% del haber mínimo.

Este año, ante el progresivo agotamiento (dado el paso del tiempo y las condiciones impuestas) de esquemas aún vigentes, se puso en marcha otro plan: el de la ley 27.705, aprobada a fines de febrero, que dispone un mecanismo de compra de aportes. Cada período mensual tiene un precio y la adquisición provoca que se contabilice una deuda de la persona con el Estado. Si se cumplen ciertos requisitos, esa deuda no se paga de manera efectiva, sino que se le otorga al solicitante su haber mensual, del cual se descuenta un monto durante un plazo de hasta 120 meses. Si, por tener altos ingresos o un elevado patrimonio, no se pasa el examen socioeconómico, igualmente se otorga la posibilidad de obtener la jubilación, pero el monto declarado como deuda debe abonarse de una sola vez. Pueden comprarse aportes por meses comprendidos entre el momento en que se cumplieron 18 años de edad y diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio de poder contar entre uno y tres años de aportes por hijo.

Los períodos que se suman por este plan –para el que no se previó cómo compensar los costos– sirven para completar el requisito de contribuciones, pero no inciden en el cálculo de la prestación si es que hubo aportes. Por eso, no necesariamente se cobra el haber mínimo.

En la práctica, es alta la incidencia de las prestaciones con moratoria entre quienes cobran los haberes más bajos. En el grupo de quienes perciben no más de $124.460 (sumando el haber bruto y el refuerzo), nueve de cada diez accedieron a su beneficio mensual con esa política.

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De este último dato se desprende que quienes se ven más perjudicados por la inflación, al no recibir bonos, son los jubilados que más años aportaron. Dadas las medidas que se aplican actualmente y que implican que se sumen hasta tres adicionales, hay quienes con un haber bruto más alto terminan percibiendo, en mano, ingresos más bajos que con el ingreso mensual mínimo del sistema.

La posibilidad de adherir al plan cuando se tiene la edad jubilatoria mínima (60 años las mujeres y 65 años los varones) tiene fecha de vencimiento: el 23 de marzo de 2025.

La disposición de un límite temporal tienen que ver con que se considera que las moratorias o planes de regularización son medidas que permiten ingresar al sistema por la vía de la excepción a la regla general.

El problema, claro, es que hace ya casi dos décadas que se le da continuidad –prórrogas y nuevos panes mediante– al ingreso al sistema por la excepción y no por la regla, sin que haya una solución para el problema de fondo: la informalidad laboral.

Si se considera el universo de asalariados y cuentapropistas, hoy los informales son más que los formales. El índice es de 51,3% y es más alto que el previo a la pandemia, según consigna un informe sobre indicadores sociales, basado en datos del Indec, del Instituto Torcuarto Di Tella.

Con sus cuentas en desequilibrio –según la ASAP, entre enero y agosto hubo un déficit de 13,6% del gasto en prestaciones, considerando los ingresos por aportes y también los tributarios–, para el sistema previsional tampoco hay un debate de fondo tendiente a encarar cambios. Mientras tanto, el ajuste lo hace la inflación y lo sufren los jubilados.