Nuestras columnas se han hecho eco de los riesgos y peligros que plantean las operaciones en distintas plataformas, incluidas las diseñadas para la compra-venta de todo tipo de artículos por parte de múltiples vendedores, y que han elevado notoriamente el número de denuncias por fraudes y delitos informáticos en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

Las dificultades para hacer cumplir algún nivel de restricción o vigilancia, a veces también por ausencia de normas, convierten además a muchos sitios de compra-venta en lugares ideales para que reducidores y amigos de lo ajeno se desprendan del producto de sus fechorías. Los hay locales Marketplace, Mercado Libre, OLX, Tienda Nube, Wix o Mercado Shops entre otros o internacionales como Amazon, EBayAlibaba, eMarket services, además de los grupos en redes sociales que funcionan sectorialmente. Cierto es también que la situación económica lleva a evitar el pago de comisiones más altas en plataformas más seguras, o mayores costos en publicidad para tener mayor exposición dentro de la plataforma, y se termina renunciando así a mejores niveles de seguridad.

Es en ese rubro precisamente que, además, ingenuos compradores se ven a diario defraudados ante la falta de correspondencia entre lo que intentaban adquirir y lo que efectivamente se les entrega. Y, peor aún, más de un incauto ha sido sorprendido cuando, al intentar retirar lo que había comprado de manos de un supuesto vendedor ‒o entregar lo adquirido a su respectivo comprador‒, se encuentra ante una peligrosa emboscada que ha puesto incluso en peligro su vida. El anonimato y muchas veces también la falta de mecanismos creíbles que permitan verificar y acreditar la identidad o los antecedentes de los involucrados son algunos de los factores que convierten a estas alternativas comerciales en sitios definitivamente peligrosos, ideales también para estafas digitales. Las respectivas plataformas, por su parte, alegan, con razón, ser ajenas a las transacciones que ocurren por su intermedio, pero su descargo no resuelve los cuestionamientos.

Días pasados, falleció una persona en Castelar luego de ser atacado en el punto de encuentro fijado para concretar la compra de un auto que había visto en Internet. En Villa Domínico, partido de Avellaneda, dos oficiales de la bonaerense que iban a recibir el vehículo adquirido fueron emboscados y tras defenderse a los tiros terminaron matando al delincuente. La cantidad de casos similares es abrumadora y la mayoría comparte como común denominador que se trató de operaciones acordadas por Marketplace, una especie de gran suplemento de avisos clasificados que se volvió terreno fértil para las estafas, poblado de engañosas ofertas. A diferencia de Mercado Libre que requiere registrarse con DNI, en Marketplace basta con cumplir las condiciones generales de Facebook, pues conecta a las personas sin brindar opciones de pago ni transacciones. Según ESET, firma especializada en detección de amenazas online, uno de cada 6 participantes dijo haber sido estafado en esta plataforma a pesar de las recomendaciones que advierten al respecto en ella.

La superpoblada burocracia estatal no debería seguir careciendo de algún organismo de control que, por medio de la inscripción en algún registro ad-hoc, establezca orden, disciplina y rigurosidad para regular la operatoria en este tipo de sitios. La obligación de cumplimentar el proceso de inscripción resultaría también un importante obstáculo para aquellos cuyas intenciones fueran honestas así como la imposición de algún arancel a todo aquél que intente acceder a la plataforma. Cierto es también que al problema se lo habría pretendido solucionar con la creación de otro peor. Ejemplos de políticas semejantes abundan en la Argentina tanto como pájaros hay en el campo. La internacionalización de estos procesos, la inexistencia de fronteras geográficas y el papel meramente pasivo de las plataformas involucradas harían inútil cualquier intento doméstico de controlar estas situaciones.

Esto no quiere decir que deba darse carta blanca a la impunidad. Por el contrario, siempre existe la posibilidad de llevar adelante campañas de esclarecimiento a los usuarios o de exigir que mediante banners automáticos se advierta la existencia de algunos de los riesgos que hemos descripto. La competencia entre plataformas lleva a algunas de ellas a destacarse por sobre otras gracias a sus niveles de seguridad y confiabilidad. No cabe, sin embargo, hacerse demasiadas ilusiones acerca de la posibilidad real y actual de proteger a compradores y vendedores cuando muchos de ellos recurren a estas operatorias para, precisamente, disfrutar de la impunidad que aseguran.

Quizás algún desarrollo tecnológico futuro pueda evitar que estos mercados virtuales se conviertan en peligrosas trampas caza-bobos que se aprovechan de la buena fe de los compradores. Los vacíos legales y reglamentarios brindan poca claridad a las partes intervinientes, lo cual se traduce en mínima seguridad jurídica y económica. También es cierto que los medios de comercialización y las plataformas digitales se han diversificado de tal manera que existen muchas reglas de juego diferentes según cuál sea el elegido.

Mientras tanto, todo esto lleva a plantearse una vez más si acaso es realmente necesario realizar esfuerzos diplomáticos por alcanzar algún tipo de acuerdo internacional sobre el uso y control de la red de redes. Es probable que permitir que cada usuario asuma voluntariamente su cuota de riesgo sea más sensato que transferir facultades de control a un ente u organismo multilateral cuyos poderes terminen siendo más peligrosos que los riesgos que se desea evitar. Otra vía por explorar es la de alcanzar posibles acuerdos para que la tipificación de los delitos que utilizan como instrumento a las plataformas virtuales adquiera cierta uniformidad. Ello, junto a convenios de asistencia jurídica internacional, podría mejorar las posibilidades de éxito en la represión de estos delitos cuando estos ocurren a través de las fronteras nacionales.