Sin mayores contratiempos y mientras Juntos por el Cambio empezaba a desmembrarse como coalición política, el oficialismo avanzó en la Comisión de Acuerdos del Senado con la audiencia pública a 16 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales que le dará luz verde a Cristina Kirchner para nombrar una última tanda de funcionarios judiciales antes de abandonar el poder, el próximo 10 de diciembre.

Si bien al término de la audiencia pública no se informó si alguno de los candidatos sería rechazado, lo cierto es que el Frente de Todos apura una sesión para la semana próxima con la intención de darle acuerdo definitivo a esta nueva tanda de nombramientos judiciales. En esa reunión se incluiría el tratamiento del proyecto que crea el programa Compra Sin Iva, de devolución del impuesto por las compras de alimentos de la canasta básica, que impulsó Sergio Massa como parte de su campaña para las elecciones presidenciales del domingo último.

Entre los nominados que expusieron hoy estuvo María Laura Manín, funcionaria del Ministerio del Interior y dirigente de estrecho vínculo con el titular de la cartera política, Eduardo De Pedro, quien está nominada para la estratégica sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial con asiento en la Capital Federal.

El de Manín fue el único pliego que mereció una observación política por parte de la oposición de Juntos por el Cambio. Lo hizo la vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Taglliaferri (Pro-Capital), quien dejó asentado en la versión taquigráfica que la postulante había sido seleccionada por el Poder Ejecutivo de una lista complementaria y no de las listas titulares elevadas por el Consejo de la Magistratura, en contra de lo que marca el reglamento del organismo encargado de seleccionar a los candidatos a jueces.

“Dejo asentado esto porque me parece que es relevante volver a marcar esta discrecionalidad a la hora del Poder Ejecutivo de mandar mensajes para cubrir cargos”, dijo Tagliaferri, quien destacó que su objeción no tenía relación con la idoneidad de la postulante.

El oficialismo cerró filas en defensa de Manín. La presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien señaló que si la actual subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior fue seleccionada es porque se produjeron dos vacancias en las nóminas titulares enviadas por el Consejo de la Magistratura, lo que hizo que la candidata escalara las posiciones necesarias para ingresar en las listas que tienen prioridad.

Sagasti fue más allá en su defensa y recordó que la selección de postulantes de listas complementarias tiene antecedentes. “Es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo y que anteriores gestiones, de un lado y del otro, han hecho. La ley no es clara y el Poder Ejecutivo ha interpretado que no está en la obligación de seleccionar de otras ternas, sino que puede elegir de ternas complementarias, como en este caso”, agregó.

Uno de los que renunció al concursos y permitió el ascenso de Manín fue Juan Rafael Stinco que, precisamente, también participó de la audiencia pública, en su caso como postulante a un juzgado contencioso administrativo con asiento en la Capital Federal.

Stinco pasó su audiencia sin que la oposición dijera algo a pesar de que su nominación también había sido impugnada por haber sido elegido de una lista complementaria. En su caso, fue tachado por un grupo de funcionarias judiciales que se sintieron perjudicadas porque quedaron relegadas por el gobierno a pesar de que habían sido enviadas por el Consejo de la Magistratura en las ternas que envió a la Casa Rosada para ocupar varias vacancias en ese fuero.

A pesar de su pasado como colaborador de Axel Kicillof en el directorio de YPF y como funcionario de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Stinco no recibió objeciones políticas de parte de Juntos por el cambio.

También pasaron la audiencia pública sin contratiempos Humberto Guardia Mendonca, propuesto, como Manín, para ocupar una vocalía en la sala de Defensa de la Competencia; y Juan Tomás Rodríguez Ponte, propuesto por la administración de Alberto Fernández para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.

Guardia Mendonca integró el Tribunal de Defensa de la Competencia mientras estuvo en el área del Poder Ejecutivo en el gobierno de Néstor Kirchner. En ese cargo, fue uno de los que avaló la fusión de Multicanal y Cablevisión antes de que el kirchnerismo se peleara con el Grupo Clarín.

De la audiencia participaron otra docena de candidatos a a jueces, como Gabriel González Rey, propuesto para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional; Sebastián Ghersi, juzgado criminal y correccional 59 de la Capital; Ana Valeria Amaya y Marccla Somer, juzgados Civil 23 y 85, de Capital; María Stupenengo, juzgado Civil y Comercial 6, de Capital; Juan Pablo Fernández, Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca y Ana María Cristina Juan, para el Juzgado federal de Hurlingham (Buenos Aires).

Para ocupar fiscalías expusieron Lucas Colla (juzgado federal de Caleta Olivia, Santa Cruz), Arlindo Otto Kurtz (juzgado federal de Posadas), Julio César Lucas Zárate (juzgado federal de Río Gallegos), Mariano Romero (Tribunal Oral Criminal de Santiago del Estero) y Tomás Puppio Zubiría, propuesto como defensor oficial ante el juzgado federal de Dolores (Buenos Aires). En este último caso, Tagliaferri se lamentó que el Poder Ejecutivo lo haya seleccionado cuando el concurso había sido ganado por una mujer con la misma experiencia y antigüedad en el Poder Judicial.