Las petroleras aumentaron desde el primer día de diciembre un 4% el precio de sus combustibles, en línea con el tope que estableció el Gobierno Nacional para los aumentos que se fijen hasta febrero próximo.

Las empresas Shell y Axion ya anunciaron que se sumaron al incremento de nafta y gasoil, mientras que YPF no lo hará por el momento.

El Gobierno había establecido un máximo de suba por cuatro meses; del 4% por los primeros tres meses y del 3,5% para el cuarto mes. Después de este acuerdo, llegó la sexta actualización de los precios en lo que va de 2022.

La decisión fue oficializada el lunes y contó con la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, y los referentes de las principales compañías petroleras, quienes brindaron su compromiso a cambio de la promesa del Gobierno de que tendrían acceso a dólares para conseguir insumos y aplazar los impuestos al combustible.

Los estacioneros del Alto Valle creen que el tope a los aumentos de los combustibles que anunció el ministro de Economía tiene más efectos de marketing que prácticos. 

Carlos Pinto, vicepresidente de la cámara de expendedores de la región, se quejó de que los dueños de las estaciones no fueron consultados para establecer la nueva política nacional de precios. El referente consideró que los precios del sector están pisados respecto a la inflación desde hace tiempo.

"Este año la inflación va a rondar el ciento por ciento y los combustibles aumentaron 60 por ciento", sostuvo en declaraciones radiales. "El arreglo ya viene operando, pero ahora le dieron publicidad y le adjudicaron al mérito de alguno de los políticos", enfatizó.

Los márgenes de rentabilidad de las estaciones de servicio se acotaron hace mucho tiempo. Si bien los precios están desregulados, al ser YPF la proveedora de más de la mitad del mercado, de ella depende los vaivenes. Y al ser la compañía controlada por el gobierno, que es quien designa a las autoridades de las empresas, los precios de los combustibles los termina regulando el gobierno.

Como explicó Pinto, si alguna de las compañías en competencia con YPF pone precios más caros que los de la estatal, los consumidores dejarían de comprar en esa empresa y se volcarían a la estatal. "El gobierno no necesita hacer ningún arreglo con nadie, porque lo que decide YPF es lo que rige para todas las empresas del mercado", espetó el estacionero.

El dirigente de la cámara sostuvo que en el sector no se oponen a los acuerdos de precios, aunque pidió que en ese caso se contemple en la movida el resguardo de la rentabilidad del negocio del expendio de combustibles. Aseguró que muchas empresas del ramo están al límite con la rentabilidad, lo cual pone en riesgo a mucha gente que depende del trabajo en esas estaciones. La crisis más grave la pagan, dijo, las estaciones con menos volúmenes de venta, que son las que están más alejadas de las ciudades con más habitantes.

"El 50 por ciento de los precios de venta de los combustibles son impuestos, por eso el gobierno nacional tiene un margen suficiente para ajustar los ingresos que permitan el funcionamiento de las estaciones", advirtió Pinto.